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Desde la década de los noventa hasta la actualidad la cooperación entre la República de Haití y las organizaciones internacionales en materia de derechos humanos se ha fortalecido sustancialmente. Baste señalar que, fruto de este trabajo conjunto, y por primera vez en la historia del país se produjo una transferencia pacífica del poder entre un presidente democráticamente electo a otro de la oposición[1], lo que nos permite calificar estas elecciones como un hito en la historia del país y una gran contribución de las Naciones Unidas en la consolidación de la democracia haitiana.

Este artículo pretende poner de manifiesto como los derechos humanos se han erigido en una de las prioridades fundamentales de la actuación de la comunidad internacional en Haití tal y como se desprende tanto de los mandatos aprobados para las diferentes misiones internacionales en territorio haitiano como de las medidas implementadas.

En este sentido, se ha procedido a analizar los textos legales internos e internacionales considerados importantes para el caso tratado mediante el examen de fuentes de derecho positivo, convencional, extra convencional, consuetudinario y documentos de soft law relevantes. Se ofrece de este modo, no solamente una revisión de la evolución de los derechos humanos en Haití, sino un análisis de las diferentes iniciativas puestas en marcha por la comunidad internacional, centrándonos particularmente en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), para mejorar su situación durante el marco temporal establecido.

I. Contextos y situaciones que desembocaron en la intervención de la comunidad internacional en Haití

Haití, paladín de la liberación y la emancipación colonial, ha vivido una existencia marcada por una relación constante de amor-odio hacia los derechos humanos. Si bien su declaración de independencia tuvo como germen la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen[2], la historia de esta nación ha estado marcada por una dinámica continua de vulneración y negación de los derechos más básicos de sus ciudadanos.

A. Antecedentes: de la conquista española a la dictadura de los Duvalier

La llegada de los colonizadores españoles a la isla de la Española conllevó la progresiva desaparición de la población indígena. El religioso español Bartolomé de Las Casas, acérrimo defensor de los derechos de la población indígena americana, denunció en su obra Brevísima relación de la destrucción de las Indias[3], el comportamiento de los colonizadores españoles que llevó a la desaparición de los indios tainos que poblaban originalmente este territorio. De Las Casas ya denunció en el Siglo XV la vulneración de los derechos básicos de la población de la isla por parte de las autoridades, hecho que se ha producido repetidamente hasta la actualidad y que ha conllevado la implementación de iniciativas de la comunidad internacional tendentes a revertir esta situación.

El paso de la parte occidental de la Española, lo que hoy se conoce como Haití, a manos francesas en 1697[4] no mejoró la situación. La explotación intensiva de la caña de azúcar requería mano de obra, por lo que el tráfico de esclavos por parte de la corona francesa hacia la isla fue una constante. Por su parte, la independencia del país en el año 1804, que tuvo su origen en la revuelta de los esclavos de la colonia para reclamar la abolición de la esclavitud[5] y liderada entre otros por Toussaint Louverture, no conllevó la tan ansiada libertad. Las elites criollas trataron de subyugar a la población negra a través de la implantación de un régimen similar al que había ejercido sobre ellos la antigua potencia colonial. Por su parte, Cromwell y Edwards defienden en su obra Bringing Hell to Haiti que la ocupación americana que se produjo en el país entre 1915 y 1934, supuso una vez más una vuelta al régimen de esclavitud.[6]

Los años que transcurrieron entre mediados de los años cincuenta y finales de los setenta se caracterizó por la terrible represión llevada a cabo por el régimen de los Duvalier y sus Voluntarios de la Seguridad Nacional, conocidos coloquialmente como los Tonton Macoute. David Aponte[7], investigador del Council on Hemisferic Affairs, calcula que estas milicias pudieron llevar a cabo cerca de 60.000 asesinatos entre 1959 y 1986. Durante este periodo de tiempo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) trató de comprobar la veracidad de las múltiples denuncias que recibieron al respecto.[8] A pesar de las iniciativas adoptadas, la investigación de estos hechos no pudo llevarse a cabo debido a la falta de colaboración por parte de las autoridades del país, extremo que quedó reflejado por la CIDH en el Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Haití[9] del año 1969. Hasta en dos ocasiones el gobierno de Haití negó la solicitud de anuencia a la CIDH para trasladarse al país y comprobar in situ los hechos alegados en las denuncias, justificando su negativa en el hecho que su llegada al país podría suponer una injerencia en los asuntos internos de la república haitiana.[10]

Entre otras medidas represivas, además de las denuncias mencionadas, las autoridades haitianas procedieron, a través del decreto de la cámara legislativa de fecha 23 de agosto de 1963[11], a la suspensión de los derechos y garantías establecidas en la Constitución, llegando a privar de la nacionalidad a ciudadanos haitianos para posteriormente proceder a la confiscación de todos sus bienes.[12]

Hubo que esperar hasta finales de la década de los setenta para ver un cambio de actitud por parte de las autoridades del país. Fue tras el depósito del documento de adhesión de Haití a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en septiembre de 1977, cuando el Sr. George Salomon, Embajador Representante Permanente de ese país ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), anunció la inminente invitación a la CIDH a visitar el país. Finalmente, el 30 de enero 1978 este organismo envió un equipo a Haití con el fin de comprobar la situación de los derechos humanos.[13]

B. La entrada en vigor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos

La entrada en vigor el 18 de julio de 1978 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Haití supuso un primer paso en el intento de normalización de la situación de estos derechos en el país. Su implementación implicaba, en virtud de sus artículos 1 y 2[14], la adopción por el Estado Parte de los instrumentos jurídicos internos necesarios para garantizar los derechos y libertades establecidos en la Convención.

El informe publicado a raíz de la visita del equipo de la CIDH a Haití distingue dos fases diferentes en relación a la observancia de los derechos humanos. Se destaca así un primer periodo que abarcaría hasta el año 1971 y en el cual se constata una “falta de respeto a los derechos humanos, al derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad y protección judicial.”[15] Por su parte, el segundo periodo duraría hasta el año 1979 y se caracterizó por una teórica voluntad de mejora expresada por el ejecutivo haitiano. Sin embargo, a pesar de la intención transmitida por el gobierno del país, la CIDH manifestó en el año 1979 que disponía “de informes que revelan hechos, acontecidos y actos judiciales efectuados que le hacen creer que esta intención no se ha seguido.”[16]

Así pues, las conclusiones del referido informe confirman las denuncias producidas en el informe del año 1969, y en concreto las detenciones arbitrarias, torturas, falta de libertad de expresión, opinión, la falta de garantías judiciales, la restricción de la libertad de asociación, la violación del derecho de residencia, mudanza y de nacionalidad.[17] Es de destacar el llamamiento que la CIDH realiza en ese documento a la comunidad internacional para que preste la asistencia necesaria con el fin “que en dicho país se pueda lograr el respeto y disfrute pleno de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.”[18]

Los años ochenta por su parte tienen como referencia, de la mano de un periodismo que trataba de ser independiente y de las constantes llamadas por parte de los intelectuales a no permitir esta situación de represión, un movimiento que reclama una mayor libertad de expresión. Hay que destacar el papel fundamental que jugó la diáspora haitiana, principalmente desde los Estados Unidos, al alzar la voz contra la situación que se estaba produciendo en el país y realizar llamamientos a la comunidad internacional para que pusiera fin a estas violaciones de los derechos humanos.[19] Es a partir de este momento, y tras la visita del Papa Juan Pablo II[20] en el año 1983, cuando la Iglesia Católica se erige en motor de cambio al empezar a denunciar la situación desde los púlpitos.[21]

Esta serie de denuncias y acontecimientos tuvo su punto álgido con el abandono del poder por parte Jean Claude Duvalier y su salida de Haití en el año 1986.[22] Tras su marcha se constituyó una junta cívico-militar autodenominada Consejo Nacional de Gobierno, y presidida por el general Namphy.[23] Un año después, la CIDH convocó una rueda de prensa en la que se denunciaron una vez más las violaciones sistemáticas de los derechos humanos llevadas a cabo por el régimen haitiano.[24]

Posteriormente, la situación empezó a empeorar. En una carta fechada el 24 de septiembre de 1987, el Secretario Ejecutivo Adjunto de la CIDH, el Sr. David J. Padilla, denuncia los ataques contra la Iglesia Católica.[25] En fecha 29 de noviembre de 1987 se produjo una “masacre de votantes”[26] que puso fin al proceso de democratización, convocándose nuevas elecciones presidenciales para enero de 1988 y ganadas por el Sr. Leslie Manigat. Sin embargo el vencedor de la contienda no pudo ejercer su cargo al ser derrocado por un golpe de Estado orquestado por el general Namphy.[27]

A raíz de este suceso, el Consejo Permanente de la OEA, en fecha del 29 de junio de 1988[28], aprobó una Resolución en la que solicitaba a la CIDH que examinara la situación de los derechos humanos en el país, extremo que se produjo durante la visita que llevó a cabo en agosto de 1988.

Tres meses después del golpe de Estado de junio de 1988, hombres armados irrumpieron en la iglesia de San Juan Bosco y atacaron a los feligreses ocasionando más de una decena de muertes y unos ochenta heridos.[29]

Las conclusiones del Informe de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en Haití del año 1988 son demoledoras al establecer que “todos los derechos fundamentales corren serio peligro en Haití, limitados por el monopolio del ejército en el uso de la fuerza.”[30]

El 16 de diciembre de 1990 se convocaron, con la colaboración de la comunidad internacional, elecciones presidenciales en el país. Jean Bertrand Aristide, líder del partido Lavalas y antiguo sacerdote de los pobres, fue el vencedor en la primera vuelta con un 70% de los votos.[31]

Este hecho supone un hito en la historia de Haití y un gran logro de la comunidad internacional en lo que a la defensa de la democracia y la promoción de los derechos fundamentales se refiere. Hay que destacar que fue la cooperación entre Haití y las organizaciones internacionales lo que permitió que pudiesen llevarse a cabo por primera vez en su historia unas elecciones libres y democráticas en un clima de tranquilidad sin grandes altercados.[32]

II. La evolución de los derechos humanos en Haití desde el punto de vista de las iniciativas implementadas por la comunidad internacional (1993-2013)

A. Consideraciones previas

A lo largo de la historia de Haití, han sido varias las situaciones que han provocado la reacción de las Naciones Unidas. Dado el clima de inestabilidad y las constantes violaciones a los derechos humanos y las libertades fundamentales que se han ido produciendo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha considerado oportuno intervenir en el país reservándose la potestad de aprobar medidas coercitivas para hacer cumplir sus resoluciones.

El capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas ha permitido en el caso de Haití la adopción de medidas que llevan aparejadas el uso de la fuerza, lo que ha desembocado en la implementación de algunas de las misiones internacionales a las que haremos referencia a continuación. Conviene resaltar que, tras el fin de la guerra fría y la consiguiente disminución de la amenaza de veto, se fue produciendo una interpretación más extensiva del concepto de amenaza a la paz y a la seguridad internacionales. Fue esta nueva situación la que permitió que se tomasen en consideración nuevos escenarios como los acontecidos en el caso haitiano y que abarcaron entre otros el derrocamiento de un gobierno legítimamente electo[33], la vulneración de los derechos humanos en el país[34], el incumplimiento de los acuerdos pactados entre las partes en conflicto[35], la no aplicación de las Resoluciones del Consejo de Seguridad[36] o el desplazamiento de personas[37].

Hay que resaltar como desde la década de los noventa hasta la actualidad, la cooperación entre la República de Haití y las organizaciones internacionales en materia de seguridad y de derechos humanos se ha fortalecido sustancialmente sobre la base del derecho internacional aplicado al caso haitiano.

Tras la victoria de Jean-Bertrand Aristide en las elecciones de 1990, un golpe de Estado llevado a cabo al año siguiente privó una vez más a la población haitiana de la posibilidad de llevar una vida política sin sobresaltos y conforme a la voluntad libremente expresada de su ciudadanía. La reacción de la comunidad internacional no se hizo esperar. Así pues, el Secretario General de la OEA convocó en Washington una Reunión de Ministros de Exteriores, de la que resultó la aprobación de la Resolución de fecha 2 de octubre de 1991, mediante la cual se instaba a la CIDH a que adoptara todas las medidas a su alcance para “tutelar y defender los Derechos Humanos en Haití.”[38] Tras las numerosas denuncias de violación de los derechos humanos recibidas, la CIDH decidió el envío de una Misión al país, encabezada por el Presidente de la Comisión, el Dr. Patrick L. Robinson en la que se constató que “la ausencia de una práctica democrática arraigada hace que la situación de los derechos humanos en Haití sea altamente imprevisible y en extremo peligrosa.”[39]

En 1995, Haití aceptó el nombramiento de un Experto independiente encargado de examinar la situación de los derechos humanos en el país. Llegados a este punto es conveniente abrir un paréntesis para mencionar que antes del nombramiento en junio de 2013 del actual Experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en Haití, Sr. Gustavo Gallón, tres expertos de las Naciones Unidas desempeñaron esas funciones.[40] Es de destacar como su mandato ha contado siempre con la bendición de las autoridades haitianas, hecho que ha permitido no solamente su renovación, sino la posibilidad de desarrollar su trabajo hasta la actualidad. A pesar de las dificultades que ha atravesado el país a lo largo de estos últimos veinte años, Haití siempre ha colaborado en todo lo que se le ha requerido, asegurando un acceso ilimitado a las instituciones públicas y permitiendo la libertad de movimientos de los expertos por todo el territorio nacional.[41] Esta circunstancia ha permitido llevar a cabo evaluaciones objetivas e independientes sobre la situación de los derechos humanos en el país.

El Examen Periódico Universal llevado a cabo por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el año 2011[42], recogía como la situación de los derechos humanos en el país había mejorado considerablemente en ámbitos como el derecho a la vida y a la integridad física y a la libertad personal[43] o el derecho los ciudadanos a participar en los asuntos públicos y acceder a las funciones públicas en condiciones de igualdad tal y como se establece en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.[44]

Esta mejoría nunca hubiera sido posible sin la labor realizada por las Naciones Unidas, en coordinación con las autoridades haitianas, respecto de la concienciación y priorización de la mejora de los derechos humanos en el país a través de las diferentes iniciativas implementadas en Haití sobre la base del derecho internacional.[45]

B. La Misión Civil Internacional en Haití: MICIVIH (1993-2000)

La Misión Civil Internacional en Haití (MICIVIH) fue creada a petición del Presidente Aristide cómo consecuencia del golpe de Estado producido en Haití en 1991. Su objetivo principal consistía en controlar la situación de los derechos humanos en el país. Esta iniciativa fue ideada conjuntamente por las Naciones Unidas y la OEA, lo que sirvió para poner en práctica el Capítulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas.[46] La importancia de la MICIVIH radica en que es la primera y única misión conjunta de la historia entre una organización regional y la ONU.[47] Esta actuación puso de manifiesto que era posible implementar una operación conjunta entre las Naciones Unidas y otra organización regional dejando de lado los protagonismos y las dificultades de coordinación sobre el terreno.[48]

El 20 de abril de 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 47/20 B[49], por la cual se autorizaba el despliegue del contingente de Naciones Unidas en la MICIVIH junto con la OEA.

Hay que matizar que, a pesar de que esta misión conjunta fuera calificada de éxito en términos de cooperación regional[50], la primera en reaccionar ante la situación que se produjo en el país fue la OEA. Esta organización envió un grupo de 18 observadores con el objetivo de contribuir a la reducción de la violencia en general y al respeto de los derechos humanos, cooperar con la distribución de la ayuda humanitaria y evaluar los progresos para la solución política de la crisis en Haití.

La Misión Civil de la OEA inició sus labores a mediados de septiembre de 1992. El problema fue que el gobierno haitiano denunciaría, a los tres meses de su despliegue, que esta Misión no tenía base legal, por lo que debía abandonar el país.[51] Fue a raíz de este contratiempo que el Consejo Permanente de la OEA decidió, mediante la Resolución del 10 de noviembre de 1992[52], solicitar a las Naciones Unidas que participase en la Misión.

De acuerdo con la Resolución 47/20B, su labor era la de verificar el cumplimiento de las labores internacionales de Haití en materia de derechos humanos con el fin de proceder a realizar recomendaciones que permitieran “colaborar en la creación de las condiciones de libertad y tolerancia que propicien el restablecimiento de la democracia.”[53] Con el fin de realizar esta tarea de forma adecuada, la Misión debía prestar especial atención al respeto de los derechos a la vida, la integridad y seguridad de la persona, la libertad personal, de expresión y de asociación.[54]

Debido a las dificultades a las que tuvo que hacer frente, la actividad que tenían prevista no pudo abarcar la totalidad de las tareas encomendadas. Si bien prosiguieron con su labor de documentación de violaciones en el ámbito de los derechos humanos su actividad cesó completamente al verse las Naciones Unidas obligadas a evacuar a su personal por motivos de seguridad en octubre de 1993.[55]

A raíz de este suceso, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió intervenir con el fin de revertir la situación creada a raíz del golpe de estado y la situación de los derechos humanos en el país. Las iniciativas tomadas en este sentido, cuyo fin último era facilitar el restablecimiento de la democracia en Haití, constituyen “el primer ejemplo de sanciones selectivas impuestas contra responsables de la adopción de decisiones que habían tomado el poder de manera inconstitucional.”[56]

El Consejo de Seguridad permitió, a través de la Resolución 940 (1994), la creación de una fuerza multinacional autorizada a recurrir a “todos los medios necesarios”[57] para expulsar del país a la Junta Militar. Esta misión fue conocida como la Misión de las Naciones Unidas en Haití (UNIMH).

Las gestiones llevadas a cabo por la UNMIH complementaron aquéllas de los organismos de la ONU que ya se encontraban prestando asistencia humanitaria y asistencia para el desarrollo. Mediante un acuerdo singular en el sistema de la ONU, el Coordinador Humanitario del PNUD/DAH y Coordinador Residente del sistema de la ONU, el Sr. Cristian Ossa, hizo las veces de Representante Especial Adjunto del Secretario General de las Naciones Unidas (SGNU) para Haití.

Una vez superados los obstáculos que condujeron a la retirada de la Misión, y tras la vuelta del Presidente Aristide, la MICIVIH reanudó su labor en el país, ampliándose su mandato a la promoción de los derechos humanos y el fortalecimiento institucional.[58] Con la restitución del orden democrático, la situación de los derechos humanos mejoró sustancialmente.[59]

Entre sus actividades figuraron, entre otras, la investigación de casos de violaciones de derechos humanos e incidentes relacionados con la actuación de la policía y las cárceles, la supervisión del sistema judicial y la formación de magistrados, la organización de seminarios de educación sobre derechos humanos y un programa nacional sobre los derechos de la mujer, el suministro de asistencia médica a las víctimas o el retorno de las personas desplazadas.[60]

En el momento álgido de la Misión, la MICIVIH llegó a contar con un total de 220 empleados internacionales, entre los que se encontraban 102 observadores de derechos humanos.[61]

Por su parte, el informe final de la CIDH del año 1994 refleja como gran parte del incremento de las denuncias referentes a las violaciones de los derechos humanos en ese periodo se refieren “al intento de expresión política entre los partidarios del retorno a la democracia.”[62] Asimismo, el documento destaca un aumento de las violaciones de estos derechos en las áreas rurales, una fuerte represión de la libertad de expresión, así como casos de ejecuciones sumarias y torturas por parte de las Fuerzas Armadas.

Estas denuncias fueron registradas por la Comisión, quien no pudo llevar a cabo las pesquisas necesarias para su aclaración. De acuerdo con el comunicado de prensa emitido por la CIDH el 27 de agosto de 1993 en Puerto Príncipe, se calculaba que un total de 300.000 personas de las áreas rurales se habían desplazado para evitar los abusos físicos llevados a cabo por las fuerzas armadas haitianas y los grupos paramilitares.[63]

Durante la primera mitad del año 1994, la OEA constató un agravamiento de la situación de los derechos humanos.[64] El informe reconoce asimismo como, a raíz de la intervención de la Fuerza Multinacional amparada por las Naciones Unidas[65], la situación de estos derechos experimentó un cambio positivo, en especial en lo que se refiere a la seguridad, a las violaciones y a la libertad de prensa.[66]

En el año 1995 se produce un hecho que permite albergar esperanzas de poder pasar página a las continuas violaciones de derechos humanos. Se trata de la constitución, en abril de ese mismo año, de la Commission Nationale de Vérité et de Justice[67], órgano encargado de buscar, identificar y enjuiciar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar que derrocó al presidente Aristide entre septiembre de 1990 y septiembre de 1994.[68]

La MICIVIH, en el país desde el año 1993, colaboró con la Commission Nationale de Vérité et de Justice a través de la remisión de informes y documentación que había recopilado y elaborado.[69]

Volviendo a la evolución general de la situación de los derechos humanos, Javier Zuñiga, director de Droits de l'homme de la MICIVIH, durante una entrevista concedida en octubre de 1995 explica la mejora de la situación de los derechos humanos en el país, en particular en lo que se refiere a la situación de las prisiones, extremo que pudo comprobarse al permitir las autoridades haitianas el acceso de observadores internacionales a estas infraestructuras.[70] Otro de los logros a los que se refiere el Sr. Zuñiga en esa entrevista es el hecho de que la MICIVIH fuera capaz de mejorar la situación de seguridad reinante en el país, lo que contribuyó al buen desarrollo de las elecciones presidenciales ese mismo año.

El derecho internacional, de la mano de las iniciativas implementadas por la comunidad internacional logró lo que años atrás parecía imposible: una alternancia democrática pacífica en el país. De hecho, el Sr. Wlosowiz, delegado de Polonia en el debate sobre “La cuestión de Haití” que tuvo lugar en el seno del Consejo de Seguridad en febrero de 1996, se hizo eco de este hecho al afirmar que las elecciones del año 1995 supusieron “la primera sucesión presidencial democrática en la turbulenta historia de Haití.”[71]

De hecho, el SGNU, en un informe del año 1996 constata como la “situación de los derechos humanos continúa mejorando.”[72] A pesar de los avances conseguidos aún quedaba mucho por hacer, ya que se apreciaron “serias violaciones de los derechos humanos, incluidas ejecuciones sumarias, ataques deliberados con armas de fuego y malos tratos o torturas de sospechosos por la policía”, produciéndose un aumento del número de denuncias contra la policía con respecto al año anterior. De este hecho pueden extraerse dos lecturas, o bien que la situación empeoraba o que por el contrario la población había empezado a perder el miedo a denunciar este tipo de abusos.[73]

Por su parte, el Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la situación de la democracia y los Derechos Humanos en Haití constata como la violación sistemática de los derechos humanos disminuía gracias a la iniciativa de las Naciones Unidas:

Desde el regreso del Presidente Aristide, la situación de los derechos humanos ha mejorado considerablemente. La violación sistemática de los derechos humanos cesó debido a la presencia de la fuerza multinacional y la restauración del orden constitucional, la neutralización del FRAPH y de otros grupos respaldados por los militares y el desmantelamiento de las fuerzas armadas.[74]

Poco a poco, la mejora de la situación de los derechos humanos se hacía patente gracias a las mejoras logradas en materia de seguridad y al esfuerzo conjunto de las autoridades nacionales y el sistema puesto en marcha por la comunidad internacional en el ámbito de la lucha contra la impunidad y la protección de los derechos fundamentales. Así lo expresó el SGNU en su informe de fecha 2 de diciembre de 1996 sobre la situación de la democracia y los derechos humanos en Haití.[75]

Otros organismos como la CIDH constatan en su informe anual del año 1997 una clara mejoría a pesar de que se siguen produciendo casos de violencia política y violaciones de los derechos humanos.[76] Si bien son innegables las vulneraciones de derechos en el país, las actuaciones de la comunidad internacional lograron que los mismos no tuvieran un carácter generalizado como en tiempos pasados.

A pesar de este optimismo, el SGNU mantuvo una actitud prudente y advirtió de la posibilidad de retroceso respecto de los avances logrados como consecuencia del fracaso del proceso de desarme en el país. En este sentido advertía en el año 1997 que no se podía ignorar el hecho de que el desarme en Haití no había sido un éxito. A su entender, existía un elevado riesgo de que reaparecieran, tras la partida del contingente de las Naciones Unidas, “los demonios del pasado con su cortejo de infortunios.”[77]

En el año 1997 el SGNU solicita formalmente al Consejo de Seguridad que considere la "posibilidad de establecer una misión policial de las Naciones Unidas en Haití, que se denominará MIPONUH, a fin de asistir al Gobierno en sus esfuerzos permanentes por aumentar la profesionalidad de la Policía Nacional Haitiana”. El compromiso de la ONU con la mejora de la situación de los derechos humanos en el país se ve reforzada a través de la mención expresa por parte de su Secretario General de la necesidad de que se produzca estrecha cooperación entre la MIPONUH y la MICIVIH[78], lo que permitiría consolidar las actuaciones realizadas en materia de seguridad y de derechos humanos.

A partir del año 1998, la situación de inseguridad generalizada empezó a constituirse en uno de los principales problemas, llevando a la población a tomarse la justicia por su cuenta ante la inactividad del gobierno.[79] De este modo, se entró en una peligrosa espiral de violencia que provocó que las inquietudes por la seguridad del Estado afectasen el respeto a las garantías procesales y al estado de derecho.[80]

Las denuncias de las víctimas, que en su momento habían sufrido violaciones de sus derechos más fundamentales, resultaba imposible debido a la práctica institucionalizada de la violencia impune, al dominio que los militares habían ejercido sobre el sistema judicial haitiano a lo largo de los años y a la debilidad de las instituciones encargadas de proteger sus derechos.[81]

La MICIVIH llegó incluso a acusar al Poder Judicial de ser uno de los principales causantes de esta situación. Se denunció en este sentido la “falta de seriedad, la venalidad y la corrupción del sistema judicial.”[82] En cuanto los sucesos relacionados con desapariciones forzadas o involuntarias, el “Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias” de las Naciones Unidas, en sus informes del año 1998, constató que no había recibido nuevas denuncias al respecto.[83]

A partir del año siguiente los esfuerzos se centraron en los preparativos tendentes a poner en marcha el proceso electoral. Este periodo estuvo marcado, en palabras del SGNU, por el “recurso cada vez más frecuente a la intimidación y la violencia política”, lo que suponía un “retroceso inquietante a unos métodos que se esperaba que hubieran dejado de utilizarse.”[84] Según el informe referido, la población haitiana tenía la percepción de que, desde que se reinstauró el orden constitucional, su situación no había mejorado.[85]

En 1999, el SGNU en su Memoria sobre la labor de la Organización[86] redefinió las principales tareas de la MICIVIH al anunciar que estas pasaban a ser la creación y desarrollo de instituciones, sobre todo en el sector judicial, así como la protección y promoción de los derechos humanos. Para llevar a cabo esta labor, la MICIVIH integró en sus actividades funciones preventivas, de asistencia y de monitoreo con el fin de implementar los derechos humanos sobre el terreno.[87]

Ese mismo año se redujo la participación de la OEA en la Misión, lo que condujo a una falta de personal que redundó en una disminución de las tareas que podían realizarse.

El mandato de la MICIVIH concluyó en marzo del año 2000 a raíz de la Resolución 54/193 aprobada por la Asamblea General de la ONU, la cual establecía que “el mandato de la Misión Civil Internacional en Haití continuará hasta que comience la Misión Civil Internacional de Apoyo en Haití.”[88]

Las elecciones que tuvieron lugar en el año 2000 se desarrollaron en un clima de relativa calma y transparencia, con una ausencia de violencia que permitió la irrupción del pueblo haitiano en la vida política del país. Esta normalidad democrática no supuso unas elecciones ausentes de polémica, ya que se detectaron numerosas irregularidades, lo que desembocó en un clima de crispación política.[89]

C. La Misión Civil Internacional de Apoyo en Haití: MICAH (marzo de 2000 - febrero de 2001)

La Asamblea General, a través de su Resolución 54/193[90], estableció la Misión Civil Internacional de Apoyo en Haití (MICAH). El mandato de la Misión, además de establecer actuaciones concretas con el fin de consolidar los resultados obtenidos por la MINOPUH y misiones anteriores de las Naciones Unidas en Haití, así como por la MICIVIH, recogía expresamente entre sus tareas la de “apoyar los esfuerzos del Gobierno de Haití encaminados a la plena observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales.”[91]

Así pues, el objetivo último de la MICAH consistía en seguir fomentando los derechos humanos y fortalecer la efectividad de la policía y el sistema judicial de Haití, así como coordinar y facilitar el diálogo de la comunidad internacional con los agentes políticos y sociales de Haití. El Experto de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, Sr. Adama Dieng, recomendó en el año 2000 a la Asamblea General que la MICAH se concentrara no tanto en las tareas de verificación relacionada con los derechos humanos sino más bien en el fortalecimiento de la capacidad institucional para llevar a cabo estas actividades.[92]

Desgraciadamente los resultados de esta Misión no fueron los esperados. De hecho el impacto de la misma fue prácticamente nulo debido a la tardanza con la que se implementó. La burocracia y la falta de contribuciones voluntarias para su mantenimiento fueron las principales causas. Creada inicialmente con un mandato de once meses, los tres primeros pasaron sin que la misma se hubiera desplegado sobre el terreno. De hecho, la mayoría de los asesores no llegaron a ocupar sus puestos hasta agosto del año 2000[93], lo que supuso una pérdida de fondos y energía a cargo de los países que componían el sistema de las Naciones Unidas.

La eficacia de las actuaciones llevadas a cabo por la MICAH se vio muy mermada en lo referente a la reforma del sistema judicial, el desarrollo de la capacidad de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y el fortalecimiento de las estructuras de mando y gestión de la policía. Si a esto le unimos las dificultades y la tensión del contexto político, junto con la falta de recursos para llevar a cabo su trabajo, el resultado fue la retirada o reducción gradual de la asistencia técnica de la mayoría de los asociados bilaterales. La Misión concluyó el 6 de febrero de 2001 con la finalización de su mandato.

En lo referente a los derechos humanos, durante el tiempo que la Misión pudo desarrollar su mandato, se documentaron incidentes de intimidación y violencia vinculados al proceso electoral, algunos de los cuales fueron investigados por el personal de la MICAH.[94] Asimismo, se intentó mejorar la formación en materia de derechos humanos que se impartía en la Academia de Policía, el centro de capacitación de la Autoridad de Prisiones y la Escuela de Jueces.

Por su lado, el Experto independiente de las Naciones Unidas, Sr. Adama Dieng, en su informe de 30 de enero de 2001, lanzó una advertencia sobre la polarización política que vivía la sociedad haitiana y que tenía como telón de fondo “la violencia cotidiana caracterizada por asaltos, asesinatos, agresiones con resultado de muerte y robos.”[95]

Llama la atención como el SGNU, en su Informe de fecha 19 de abril 2001, sobre la MICAH, tras haber dejado caer que la Misión no consiguió los objetivos que se había propuesto, principalmente por culpa de los trámites administrativos y la falta de recursos, quiere cerrar el informe afirmando las bondades de la misma y como contribuyó eficazmente “a reforzar las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos en Haití.”[96]

Tras la lectura del mismo se echa de menos una cierta crítica constructiva respecto de la actuación de las Naciones Unidas. Si bien se relata pormenorizadamente las causas que dieron pie al retraso de la entrada en funciones de la Misión, también aparecen muchas críticas al gobierno y a la clase política haitiana.

La situación no solamente no mejoró, sino que al poco tiempo empeoró sustancialmente. Esta Misión no obtuvo los resultados esperados, constituyendo la causa principal de su fracaso la burocracia y la complejidad de la toma de decisiones en el sistema de las Naciones Unidas. Esta iniciativa puso de manifiesto la falta de compromiso decidido por parte del sistema de Naciones Unidas para atajar y revertir la situación de vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos haitianos al no ser capaz de articular unas medidas eficaces por parte de los diferentes actores que componían esta iniciativa internacional. Así pues, se pusieron en evidencia las carencias de un modelo de resolución de conflictos aplicado al caso haitiano que no fue capaz de consolidar las mejoras que se habían producido en el ámbito de la seguridad y los derechos humanos en los últimos 10 años.

En el año 2002, un nuevo informe alerta del deterioro de la situación en el país. Se denuncia no solamente el aumento de la violencia desde que Aristide fue elegido Presidente, sino un empeoramiento de algunas de las libertades fundamentales como son las de opinión o expresión así como serias deficiencias en el sistema de justicia.[97] A partir de este momento, y debido a la ingobernabilidad del país, la situación se vuelve cada vez más inestable. Ante la falta de información fiable sobre la situación de los derechos humanos en el país, las Naciones Unidas siguen recurriendo a expertos independientes para que les informen. En el año 2003, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas se limita a expresar su preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos.[98]

Llegados a este momento, el Estado de impunidad prevalece frente al Estado de derecho, convirtiéndose en algo habitual las persecuciones a periodistas, militantes de partidos políticos o sindicatos, defensores de los derechos humanos, estudiantes y, de manera más general, a los miembros de la sociedad civil.[99]

El Presidente Aristide, tras la aparición del Frente de Resistencia de Gonaïves, movimiento que busca derrocarle, emprende una represión indiscriminada ante todo tipo de oposición[100], tal y como quedó recogido por la CIDH en su informe del año 2005:

una continúa situación de inseguridad, que provoca considerables pérdidas de vidas civiles, un entorno político sumamente inestable y polarizado y una continua privación de derechos económicos, sociales y culturales fundamentales por parte de la población haitiana.[101]

D. La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití : MINUSTAH (2004-2016)

La comunidad internacional, de la mano del Consejo de Seguridad, decidió renovar su apuesta por Haití en el año 2004 con la puesta en marcha de la MINUSTAH. Esta decisión puso en evidencia el compromiso de la ONU con la paz y los derechos humanos en este país caribeño. Las Naciones Unidas, a pesar de su incapacidad para consolidar un modelo basado en la democracia y los derechos humanos en el país a través de sus iniciativas durante el decenio anterior, fueron capaces de comenzar de nuevo y coordinarse con el fin de demostrar al mundo que podían implementar una iniciativa a largo plazo que permitiera establecer las bases para revertir los problemas de Haití en los ámbitos de la seguridad, la democracia y los derechos humanos.

Un ejemplo claro de cómo la comunidad internacional ha contribuido, a través de la aplicación del derecho internacional, a la toma en consideración y mejora de los derechos humanos en Haití lo encontramos en el la Resolución 1529 (2004) del Consejo de Seguridad por la cual se autorizó el despliegue de una fuerza multinacional que tuviera entre sus funciones la de crear las condiciones necesarias para el respeto de los derechos humanos.[102]

Los debates previos a la adopción de la Resolución 1529 (2004) ponen en evidencia la preocupación de las partes intervinientes a este respecto. Así pues, el Sr. Knight, representante de la Comunidad del Caribe, aludía expresamente al empeoramiento de la crisis y el temor a un empeoramiento de la situación humanitaria.[103] Por su parte, el representante del Reino de España, el Sr. Menéndez, instó al Consejo de Seguridad a tomar medidas urgentes para evitar, entre otros hechos, las violaciones de los derechos humanos.[104]

Como se puede apreciar, el Consejo de Seguridad hace mención a la necesidad de crear las circunstancias adecuadas para asegurar el bienestar de la población en el país. Dos días antes, el 26 de febrero de 2004, el Presidente de este órgano instaba a las partes en conflicto a que garantizaran la protección de la población civil y el respeto de los derechos humanos.[105] Durante la sesión del Consejo de Seguridad, mantenida el mismo día, el representante de Haití, el Sr. Alexandre afirmó que el gobierno de Haití no estaba en condiciones de proteger la vida y los bienes de sus ciudadanos, alertando del riesgo de que la situación en el país derivara en una guerra civil.[106] Por su parte, el representante de Canadá, Sr. Rock, apeló a la responsabilidad de la comunidad internacional para proteger a la población de esta nación caribeña.[107]

No resulta pues descabellado afirmar, tras el análisis de la documentación referenciada, y aún siendo conscientes que en el año 2006 el Consejo de Seguridad invocó oficialmente la responsabilidad de proteger, que fue durante la crisis haitiana del año 2004 cuando se dejó entrever lo que suponía este concepto con el fin de proteger, entre otros extremos, los derechos humanos en Haití.

El año 2004 supuso por lo tanto un punto de inflexión respecto de la situación de los derechos humanos en el país tras el abandono del territorio nacional del ex Presidente Aristide y la aprobación del despliegue de la MINUSTAH por el Consejo de Seguridad.[108]

Las Resoluciones 1542 (2004) y 1576 (2004)[109] establecieron que los obstáculos para la estabilidad política, social y económica de Haití, contribuían a que la situación del país representara una amenaza a la paz y a la seguridad de la región. Fue precisamente la referencia a esos obstáculos por parte del Consejo de Seguridad, lo que sirvió de justificación para el establecimiento de la Misión.[110] Es importante mencionar que entre los obstáculos a los que el Consejo de Seguridad hace referencia se encuentran las transgresiones de los derechos humanos o las detenciones arbitrarias por motivos exclusivamente políticos, aspectos que sirvieron de justificación para invocar el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas y legitimar por lo tanto la presencia del contingente internacional en Haití.[111]

Los diferentes informes presentados por el Experto independiente de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos demuestran que las medidas adoptadas por el sistema de Naciones Unidas produjeron una mejora en las condiciones de los derechos humanos en el país.[112] Una de las primeras medidas adoptadas por las Naciones Unidas en este sentido fue la creación en abril de 2004 de la Sección de Derechos Humanos de la MINUSTAH (Sección), como parte integrante de la Misión.[113] El máximo responsable de esta Sección es, con el fin de poder llevar a cabo la mejor coordinación posible entre los organismos que componen el sistema de las Naciones Unidas, a su vez el representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Haití.[114]

En un primer momento, la situación se caracterizó por la presencia por un lado, de grupos armados que sembraban el caos de forma indiscriminada a través del recurso a la violencia extrema en la capital, y por otro de los ex militares desmovilizados y de los ex combatientes del Frente de Resistencia Nacional.[115]

El mandato de la MINUSTAH en el ámbito de los derechos humanos establecido en la Resolución 1542 (2004)[116] consistía principalmente en apoyar al Gobierno de transición, a las instituciones y a los grupos haitianos de derechos humanos, en sus esfuerzos por promover y proteger estos derechos, centrándose especialmente en las mujeres y los niños. Además, este texto menciona expresamente la obligación de la MINUSTAH de garantizar las condiciones de seguridad y la coordinación de la misma con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos con el objetivo de supervisar su situación.

Asimismo, se insta a la MINUSTAH a prestar asesoramiento y asistencia en la investigación de las infracciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, “con objeto de poner fin a la impunidad”[117].

Es importante mencionar en este sentido la Resolución 2070 (2012)[118] del Consejo de Seguridad, en la cual se consideró necesario reafirmar el mandato de la MINUSTAH en materia de derechos humanos, calificándolo como un “componente esencial”[119] de la misma. El Consejo de Seguridad va un paso más lejos al determinar que el respeto a los derechos humanos en Haití constituye un elemento imprescindible para la estabilidad del país, y por ende para poder llevar a cabo las actividades necesarias en cualquier ámbito de desarrollo.

Tras años de despliegue en el país y la mejora de las condiciones de seguridad, la MINUSTAH, a través de la Sección, ha tratado de acercarse al ciudadano y a la sociedad para que no sea vista tanto como un órgano integrado en la maquinaria de los cuerpos y fuerzas de seguridad de las Naciones Unidas, sino como un organismo que favorece el desarrollo y el bienestar de la sociedad haitiana a través de la colaboración y el trabajo conjunto con sus entidades e instituciones.[120]

El año 2006 se caracterizó, en palabras del Experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en Haití, Sr. Louis Joinet, por una consolidación de la situación de seguridad y un “regreso innegable a la legalidad constitucional”[121].

En la primera parte del sexto período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, celebrado del 10 al 28 de septiembre de 2007, el Presidente del Consejo formuló la siguiente declaración:

El Consejo felicita a las autoridades haitianas por los compromisos contraídos y los esfuerzos encaminados a mejorar las condiciones de vida de los haitianos, en particular la mayor atención prestada al respeto de los derechos humanos.[122]

A pesar de estas felicitaciones, la realidad era que la situación de inseguridad y en concreto la de los defensores de los derechos humanos en el país, continuaba siendo muy precaria, tal y como se puso de manifiesto con el asesinato en el año 2007 de Jean-Rémy Badio, conocido defensor de los derechos humanos.[123]

La CIDH, en su informe del año 2008, reconoce los esfuerzos llevados a cabo por el país, aunque sigue mostrándose preocupada por la violencia que se ejerce sobre los niños y las mujeres. En este sentido, el referido informe aplaude dos iniciativas llevadas a cabo por el gobierno haitiano gracias al apoyo y la “presión” de la comunidad internacional como fueron el “compromiso de ratificar los tratados de derechos humanos de los cuales Haití todavía no era parte” y el establecimiento de “un comité inter-ministerial encargado de la coordinación de las comunicaciones entre el gobierno de Haití y los órganos creados por los tratados de derechos humanos.”[124]

En relación con este informe, hay que hacer mención al muy crítico voto particular del Comisionado Freddy Gutiérrez Trejo, el cual califica la actuación de las Naciones Unidas en el país de deplorable, tildando a la MINUSTAH de fuerza de ocupación. Además, da a entender que esta Misión ha llevado a cabo innumerables actos de barbarie y de violencia sistemática.[125] Esta afirmación carece de base legal. Se puede estar o no de acuerdo con la presencia de la Misión en el país, pero no se puede tildar de “fuerza de ocupación” una operación de mantenimiento de la paz que ha cumplido con todos los requisitos establecidos por el derecho internacional. Baste mencionar en este sentido que el 29 de febrero de 2004, el Consejo de Seguridad se hacía eco de la dimisión de Aristide y de la investidura de Alexandre como Presidente interino en la Resolución 1529 (2004), a la par que reconocía “el llamamiento del nuevo Presidente de Haití a la comunidad internacional para que preste un apoyo urgente encaminado a restablecer la paz y la seguridad en el país y promover el proceso político constitucional en curso”[126], estableciéndose la base legal para una intervención.[127]

Finalmente, fue la Resolución 1542 (2004) del Consejo de Seguridad la que en su punto 1 decide establecer la MINUSTAH en tanto que “fuerza de estabilización solicitada en la Resolución 1529 (2004)”[128].

Por su parte, el Informe anual de la CIDH del año 2009 alaba la actuación de la MINUSTAH al reconocer su compromiso en asegurar las condiciones de paz y de seguridad en el país desde que se produjo su despliegue en el país.[129]

Además, tanto la Sra. Gulnara Shahinian, Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, en su informe del año 2009[130], como el Sr. Michel Forst, Experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en Haití, encomiaron las mejoras producidas en el ámbito de los derechos humanos a pesar de las dificultades[131], a la par que ponían en evidencia los ámbitos a mejorar.[132]

A la luz de las gravísimas consecuencias del terremoto que se produjo en enero de 2010 sobre la capacidad del Estado haitiano, el Consejo de Seguridad, en su Resolución 1908 (2010)[133], de 19 de enero, apoyó la recomendación del SGNU de aumentar la dotación general de la MINUSTAH con 2.000 soldados y 1.500 policías adicionales, para ayudar en las tareas inmediatas de recuperación, reconstrucción y estabilidad en el país.

La MINUSTAH, y por ende la Sección fue la encargada de apoyar con personal y coordinar la puesta en marcha de un sistema común de seguridad creado por los cuerpos y fuerzas de seguridad de las Naciones Unidas, las ONG y la policía nacional haitiana (PNH). Esta actuación permitió, a través de un plan de desarrollo estratégico, llevar a cabo una iniciativa común de mantenimiento del orden y desplegar tras el terremoto agentes de policía en determinados campos de refugiados con el fin de proteger a sus moradores.[134]

Hasta este momento, los avances habían sido considerables, como así lo ponía de manifiesto el Sr. Michael Forst en su informe de mayo del año 2010.[135]

Tras el terremoto, la defensa y promoción de los derechos humanos volvieron a situarse en el epicentro de las iniciativas emprendidas en el país. Amnistía Internacional, en una declaración enviada al SGNU nada más producirse el terremoto solicitaba a la Asamblea General de las Naciones Unidas situar a los derechos humanos en el epicentro de los esfuerzos a realizar para la asistencia y reconstrucción del país.[136]

El Sr. Forst identificó como principales preocupaciones tras el seísmo las amenazas a los derechos en la crisis humanitaria, los desplazados, la incidencia sobre los grupos vulnerables y la debilitación de los pilares del Estado de Derecho.[137] Un año después del terremoto, los problemas más acuciantes a los que había que hacerse frente eran la situación de los desplazados dentro del país, los actos de violencia contra mujeres y niños y la escasa consideración respecto de las personas con discapacidad.[138] Asimismo, el Experto independiente de las Naciones Unidas expresó su preocupación sobre la desconexión entre las ONG haitianas y la Sección[139] y achacó el problema al hecho de que estuviera integrada en la Misión. Por su parte, la organización Amnistía Internacional[140], durante las tareas de elaboración del Examen Periódico Universal para Haití del año 2011, recomendaba al gobierno haitiano que concentrara sus esfuerzos en los ámbitos de la protección de los derechos de la infancia, el sistema judicial, la violencia machista, la impunidad, la masificación de las prisiones y el tiempo de detención hasta la celebración de juicios.

Un año después, el Consejo de Derechos Humanos acogía con satisfacción que las autoridades haitianas hubieran reafirmado “su compromiso y su determinación de mejorar las condiciones de vida de los haitianos y las haitianas, en particular mediante una mayor atención al respeto de los derechos humanos.”[141]

Si bien se había conseguido disminuir la violencia sobre los niños y las mujeres, uno de los principales problemas detectados tras dos años del terremoto fue que el enfoque basado en los derechos humanos no había sido integrado por todos los actores, en particular las organizaciones humanitarias, lo que provocó diferente ritmo de avance dependiendo de los ámbitos.[142]

La progresión positiva de los derechos humanos continuó en los años 2013 y 2014, como lo demuestra el hecho de que las principales preocupaciones de los expertos se sitúan en la aplicación de medidas concretas en los diferentes ámbitos, habiendo desaparecido de sus informes las consideraciones de carácter general.[143] Asimismo, a día de hoy se abordan problemas que en el pasado hubiera sido impensable ni siquiera considerarlos, no porque no existieran, sino porque otras necesidades más acuciantes los situaban en un segundo plano.[144]

A modo de conclusión, y tal como queda demostrado pormenorizadamente en los diferentes informes presentados ante los órganos de las Naciones Unidas, podemos afirmar que la situación de los derechos humanos en Haití ha mejorado sustancialmente desde los años noventa hasta la actualidad. Si bien es verdad que el terremoto del año 2010 constituyó un fuerte revés, no lo es menos que el mismo supuso la oportunidad para un nuevo inicio, intentando no replicar los vicios que se habían instalado en el modo de hacer de las autoridades haitianas. De hecho, el informe llevado a cabo en octubre de 2012 por la Sección[145], se congratula que el gobierno haitiano haya adoptado prácticamente la totalidad de las recomendaciones realizadas a Haití por el Examen Periódico Universal del año 2011.[146]

Por lo tanto, y a pesar de lo mucho que queda por hacer en este ámbito, puede afirmarse que la presencia de las Naciones Unidas en el país ha supuesto el impulso que se necesitaba para que los derechos humanos adquirieran el reconocimiento y la relevancia que le otorga el derecho internacional.

Una vez vistas las actuaciones de la MINUSTAH en materia de derechos humanos, conviene hacer referencia a las acusaciones que recibió la Misión en lo referente a la vulneración de estos derechos.

Organizaciones haitianas de defensa de los derechos humanos, como la Plataforma de Organizaciones Haitianas de Derechos Humanos (POHDH), en un informe publicado en el año 2012[147], denuncia las constantes vulneraciones a los derechos humanos perpetradas por el componente de MINUSTAH. Entre la multitud de denuncias que aparecen en el informe, destacan los asesinatos[148], las violaciones[149], los malos tratos, los actos arbitrarios contra los bienes de los ciudadanos o de las organizaciones o la violación de la libertad de opinión, de expresión, de reunión o de manifestación. Si bien es cierto que algunas de las violaciones denunciadas han sido documentadas, no lo es menos que esta Plataforma, abiertamente opuesta a la presencia de la MINUSTAH en Haití, atribuye hechos y violaciones de los derechos humanos sin la adecuada comprobación de las acusaciones.

Así pues, no hay duda acerca de las 74 personas muertas como consecuencia de intervenciones llevadas a cabo por la MINUSTAH entre 2004 y 2006[150], pero no es menos cierto que en ningún caso se explican las circunstancias en las que se produjeron estas muertes. Además, la POHDH acusa directamente a la MINUSTAH de haber matado a miles personas como consecuencia de haber introducido el virus del cólera en el país.[151] Tras ser negado en múltiples ocasiones, en el año 2016, la oficina del SGNU, Ban Ki-moon reconoció por primera vez que la ONU tuvo parte de responsabilidad en la propagación del brote de cólera[152], lo que ha mermado considerablemente la credibilidad de esta organización de cara a la opinión pública.

Otras fuentes más objetivas nos muestran casos de violaciones de los derechos humanos en Haití, aunque lejos de suponer la regla general que pretende dar a entender la POHDH en su informe. En este sentido, la justicia uruguaya condenó a prisión en el año 2012 a cuatro soldados de esa nacionalidad del componente de la MINUSTAH acusados de violar a un menor en el año 2011.[153]

Otras organizaciones haitianas, como el Réseau National de Défense des Droits Humains (RHDDH)[154], han denunciado en menor medida violaciones y vejaciones cometidas por el componente militar de la MINUSTAH contra ciudadanos haitianos. La RHDDH, en su informe de fecha 5 de febrero de 2011 denuncia como entre los años 2005 y 2011 han podido identificar hasta diez casos de violaciones de los derechos humanos por parte de la MINUSTAH.[155]

La organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch, en su informe sobre Haití del año 2014, se hace eco del hecho de que entre los años 2004 y 2013 se han producido un total de 81 acusaciones de violaciones o abusos sexuales contra miembros de la MINUSTAH.[156]

Para finalizar este apartado, hemos de referirnos al proceso de reconfiguración de la Misión que se está iniciando para reducir la presencia militar extranjera en el país. El 24 de marzo de 2014, el Consejo de Seguridad, en su sesión matinal examinó cinco opciones para la reconfiguración de la Misión más allá de 2016.[157] La designación de un enviado especial de las Naciones Unidas para asesorar en la buena gobernanza política, el establecimiento de una misión política especial manteniendo la capacidad de desarrollar la policía nacional haitiana, la creación de una nueva Misión de mantenimiento de la paz con un rol esencialmente político y una reducción sustancial de los efectivos sobre el terreno, el establecimiento de una nueva operación de mantenimiento de la paz más reducida y con menos presencia de policía y militares de las Naciones Unidas, o una reducción del actual mandato de mantenimiento de la paz.[158]

Finalmente, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió, en fecha 13 de octubre de 2016, prorrogar el mandato de la MINUSTAH hasta el 15 de abril de 2017.[159] Conviene destacar asimismo, que la Resolución 2313 (2016) del Consejo de Seguridad, dada las diferentes situaciones que se han producido en el país, cree oportuno aplazar la decisión de tomar en consideración la posible retirada de la Misión y la transición hacia una presencia futura de las Naciones Unidas que comenzaría no antes del 15 de abril de 2017.[160]

Esta decisión pone de manifiesto el hecho de que, de acuerdo con la valoración del Consejo de Seguridad, las instituciones haitianas aún no disponen de la capacidad suficiente para hacer frente a las amenazas que en materia de consolidación democrática y seguridad se ciernen sobre el país.[161] Si no se apuntalan los logros conseguidos, se corre el riesgo de, cómo ya advirtió el SGNU en el año 1997, volver a prácticas y comportamientos que dieron pie a la difícil situación en materia de derechos humanos ha sufrido Haití a lo largo de su historia.[162]

Tras más de un decenio sobre el terreno, las circunstancias a las que se ha tenido que enfrentar la MINUSTAH a lo largo del tiempo han evolucionado. En este sentido el sistema de las Naciones Unidas, a través del Consejo de Seguridad y del derecho internacional, ha tenido que adaptar los mandatos establecidos para la Misión.

Es de destacar como los derechos humanos han ido ganado en importancia en relación al mandato de la Misión en el país. Así pues, la última resolución del Consejo de Seguridad de fecha 13 de octubre de 2016 dice expresamente que “el mandato de la MINUSTAH en materia de derechos humanos es un componente esencial de la Misión y reconoce que el respeto de los derechos humanos es un elemento esencial para la estabilidad de Haití.”[163] Hasta llegar a estas prioridades de actuación, el Consejo de Seguridad ha variado en múltiples ocasiones los fines de las operaciones y su dotación para adaptarlos a las circunstancias cambiantes y a las nuevas necesidades impuestas por la situación política, de seguridad y socioeconómica del país, poniendo de manifiesto su flexibilidad y capacidad de adaptación a lo largo del tiempo.[164]

III. La necesaria apropiación por las autoridades haitianas de los mecanismos de protección de los derechos humanos

Una vez analizada la documentación a la que nos hemos referido podemos afirmar que la evolución de la situación de los derechos humanos en Haití desde los años noventa hasta la actualidad ha sido positiva gracias a las iniciativas adoptadas por la comunidad internacional. El informe realizado por el Experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en Haití, Sr. Gustavo Gallón en el año 2014 constata como a partir del año 2005 las violaciones ya no se han producido por el Estado, sino por componentes ajenos al mismo.[165] Si bien los derechos humanos no están del todo asegurados en el país, las causas han dejado de tener su origen en la actitud de la administración y hay que buscarlas en problemas estructurales del país.[166]

Debemos reconocer el esfuerzo realizado al respecto por las autoridades haitianas, sin desconocer, no obstante, que los logros alcanzados no lo serían si en esa labor, no se hubiera contado con el apoyo y la asistencia de la comunidad internacional. El derecho internacional ha tenido una incidencia positiva, medible y evaluable, en un contexto concreto, como es el caso de la situación de los derechos humanos en Haití y su mejora en los diferentes ámbitos que los componen.[167]

A pesar de las iniciativas adoptadas por la comunidad internacional, la situación de los derechos humanos en Haití está lejos de poder considerarse como adecuada. Si bien con la presencia de las Naciones Unidas en el país la situación ha mejorado[168], nos encontramos muy lejos de lo que el derecho internacional puede considerar como unos estándares aceptables.

Durante un gran periodo de tiempo, las denuncias de las victimas que habían sufrido violaciones de sus derechos más fundamentales resultaban imposibles debido a la práctica institucionalizada de la violencia impune, al dominio que los militares habían ejercido sobre el sistema judicial haitiano y a la debilidad de las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos.[169]

En el año 2000, una sentencia sobre la matanza de Raboteau condenó a 50 personas por los hechos ocurridos, revocando el Tribunal Supremo de Haití la sentencia a 15 de ellos, ninguno de los cuales había llegado a entrar en prisión.[170] En el año 2016, la mayoría de las víctimas siguen esperando a que se haga justicia.

Sin embargo, la responsabilidad internacional del Estado haitiano en este ámbito en virtud del principio de la continuidad del Estado, aplicado en su día al caso chileno por la CIDH[171], establece que Haití no puede desligarse de sus obligaciones en lo referente a la vulneración de los derechos humanos cometidos por gobiernos anteriores, lo que abre la puerta a la compensación de las victimas por los derechos vulnerados.[172]

La CIDH, en su informe del año 2000, estableció que “el hecho que las violaciones de derechos humanos hayan sido cometidas por un Gobierno desprovisto de legitimidad democrática no altera la responsabilidad internacional del Estado haitiano.”[173] En relación con la responsabilidad internacional de individuos por la vulneración de los derechos humanos cometidos a lo largo del tiempo en el país, considero adecuada la petición realizada por la Coalición por la Corte Penal Internacional[174], para que Haití ratifique lo antes posible el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI).

Dado que Haití aún no lo ha ratificado[175], esta Corte no es competente para juzgar los hechos cometidos en el contexto haitiano. El reconocimiento de la competencia de la CPI sería muy positivo al haber sido creada para poner fin a la impunidad de los autores (no Estados) de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. La CPI ejerce una jurisdicción subsidiaria atendiendo al principio de complementariedad.[176] En virtud de este principio, la Corte intervendrá únicamente si el Estado no tiene la capacidad o voluntad de investigar esos crímenes. Por lo tanto, a través de este instrumento, el sistema de protección de los derechos humanos en Haití, y en última instancia las víctimas, dispondría de una herramienta más de defensa de sus derechos aún cuando el Estado no colabore.[177]

En ese contexto, una de las principales necesidades detectadas para que la situación de los derechos humanos sea sostenible en el tiempo es que se produzca una verdadera apropiación del sistema de protección de por parte de las autoridades del país. El Embajador Octavio Errázuriz, durante el debate del Consejo de Seguridad sobre la MINUSTAH, celebrado en Nueva York en marzo del año 2014 resaltaba la necesidad de consolidar las capacidades institucionales de Haití bajo la perspectiva de la “apropiación nacional”[178].

Por su lado, el Consejo de Derechos Humanos, en su Informe A/HRC/25/L.42[179], enumera toda una serie de medidas adoptadas por las autoridades del país en este sentido, y que constituyen los cimientos de la apropiación del proceso a través de la creación de las instituciones nacionales encargadas de la definición y gestión del mismo.

En este sentido, es de destacar que en fecha 4 de diciembre de 2013, el Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos otorgó a la Oficina de Protección del Ciudadano la acreditación de su conformidad con los Principios de París, convirtiéndola a todos los efectos en el mecanismo nacional de protección de los derechos humanos en el país[180], hecho que no hubiera sido posible sin la asistencia de la comunidad internacional y la cobertura proporcionada por el derecho internacional a sus iniciativas en materia de derechos humanos.

En el año 2014, se produjo un cambio de tendencia con la decisión de la Corte de Apelaciones de Puerto Príncipe de ordenar la continuación de las investigaciones sobre el ex Presidente Jean-Claude Duvalier. El 20 de febrero de 2014 este Tribunal concluyó que “el derecho internacional forma parte del derecho haitiano y que, por lo tanto, los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles”[181], lo que ratifica a través de la jurisprudencia nacional la tesis mantenida en este artículo respecto a que la aplicación del derecho internacional ha conllevado mejoras concretas sobre la situación de los derechos humanos en el país.

En palabras del consejero especial de la organización Amnistía Internacional, Sr. Javier Zúñiga, esta decisión supuso “una victoria para los familiares y las víctimas de torturas, desapariciones forzosas y otras violaciones de los derechos humanos durante el tiempo que Baby Doc estuvo en el poder.”[182]

Sin embargo, la muerte del ex dictador en octubre de 2014 enfrió las expectativas creadas respecto de la posibilidad de esclarecimiento y reparación a las víctimas por uno de los episodios más oscuros de la historia haitiana al quedarse el mismo en suspenso.[183]

***

Tras el extenso análisis de la documentación referenciada, tres han sido los principales aspectos en los que el derecho internacional ha contribuido a la mejora de la situación de los derechos humanos en Haití.

Cabría destacar en primer lugar los esfuerzos realizados tanto por los mecanismos regionales como universales de protección de los derechos humanos. La aplicación de la normativa internacional al caso concreto que nos ocupa ha desembocado en acciones concretas y medidas ad hoc que han contribuido a una evolución positiva de los mismos. La MICIVIH supuso un hito en la historia de las Naciones Unidas, al ser no solamente la primera y única misión conjunta entre una organización regional y la ONU, sino que se la puede considerar como un ejemplo práctico de la aplicación del Capítulo VIII de la Carta de esta organización.

En segundo lugar, hay que resaltar que la mejoría de los derechos humanos en el país se debe en gran medida a la apuesta de la ONU, a través de las diferentes misiones internacionales legitimadas por el derecho internacional, por revertir una situación de inseguridad que suponía una vulneración continuada de estos derechos. Especial relevancia adquiere la actual Misión de las Naciones Unidas en Haití, la MINUSTAH en cuanto al papel fundamental que ha desempeñado para consolidar un estado de derecho basado en la alternancia democrática y el respeto a los derechos humanos. Esta Misión nunca podría haber logrado los avances a los que se ha hecho referencia en este trabajo sin haber consolidado un clima de paz y seguridad en el país que ha permitido trabajar en aspectos concretos dentro del ámbito de los derechos humanos.

En tercer lugar, cabe destacar la creación en el seno de la administración haitiana de una serie de estructuras tendentes a vigilar y denunciar la situación de estos derechos ha dotado de relevancia pública la situación de los mismos y ha permitido aplicar medidas concretas para su mejora. Los Exámenes Periódicos Universales a los que se sometió Haití en los años 2011 y 2016 supusieron un gran avance, en especial si se tiene en cuenta la voluntad de colaboración y de identificación de los problemas de la que hizo gala el gobierno haitiano a lo largo de todo el proceso.

A pesar de esta tendencia positiva cabe destacar, tal y como recoge el Sr. Gallón en su último informe sobre la situación de los derechos humanos en Haití, de fecha 12 de febrero de 2016[184], que “la situación de los derechos humanos en Haití es extremadamente grave pero subsanable, siempre que se agilicen las medidas nacionales e internacionales”. Por su parte, del Examen Periódico Universal llevado a cabo por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el año 2016[185] se desprende que la situación ha ido mejorando paulatinamente, aunque que no al ritmo que sería deseable por la comunidad internacional.[186]

En todo caso, conviene poner de relieve como las Naciones Unidas, a pesar del esfuerzo realizado en Haití han llevado a cabo una serie de errores que han provocado que la implementación de las mejoras no haya sido todo lo satisfactoria que cabía esperar. Baste citar como ejemplo, no solo la cantidad de misiones internacionales que se han desarrollado en el país desde los años noventa, sino el ya comentado fracaso de la MICAH en cuanto al cumplimiento de los objetivos establecidos en su mandato y no poder cumplir con sus expectativas.[187]

Vistos los resultados obtenidos puede decirse que en esta ocasión el sistema de coordinación de las Naciones Unidas falló tanto en el ámbito político como práctico ya que los órganos del sistema de Naciones Unidas no fueron capaces de persuadir a los estados miembros para superar las dificultades que limitaron el alcance de las medidas e implementar a tiempo las iniciativas necesarias para el éxito de la Misión.

Nos habíamos planteado el reto de ver si el derecho internacional había servido, en el caso de Haití, para consolidar la estabilización del país, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Sobre el papel, y particularmente en el caso de la MINUSTAH, el derecho internacional, a través de las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre Haití y de los diferentes informes y declaraciones emitidos, no solo ha tenido como elemento vertebrador de toda su actuación la promoción de la democracia y el respeto a los derechos humanos, sino que ha contribuido a mejora y consolidación de los elementos mencionados.

Mención aparte merece la capacidad de flexibilidad demostrada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el caso concreto de las situaciones producidas en Haití a raíz del despliegue de la MINUSTAH. A lo largo de este artículo hemos podido constatar cómo, especialmente desde el año 2004, este organismo ha sido capaz de adaptar el mandato de esta Misión en virtud de los avances y las necesidades detectadas para cada momento.

Las bases para una mejora de la situación de los derechos y libertades del pueblo haitiano han sido establecidas. El siguiente paso consiste en consolidarlas y lograr que el gobierno del país se apropie definitivamente del proceso.